A más de seis años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.015, que obliga a empresas con 100 o más trabajadores a contratar al menos un 1% de personas con discapacidad, los últimos datos muestran luces, pero también alertas.
Según el Boletín Estadístico N°5 de Fundación ConTrabajo (2025), entre marzo 2024 y febrero 2025 se registró una disminución promedio del 0,9% en contratos vigentes, mientras que los contratos terminados aumentaron sostenidamente. Esto indica que aún falta avanzar en la permanencia laboral, no solo en el acceso.
Además, persisten brechas de género: el 64% de los contratos corresponde a hombres con discapacidad, y solo el 36% a mujeres. A esto se suma una brecha salarial del 6% promedio a nivel nacional, que en algunas regiones del norte supera el 30%.
Un dato especialmente preocupante es que el 23,5% de los contratos terminados con personas con discapacidad se debe a renuncias voluntarias, muy por sobre el 5,9% en la población general. Esto podría reflejar entornos laborales poco inclusivos o falta de apoyos adecuados.
Por otro lado, de las 7.920 empresas que debían cumplir con la comunicación electrónica obligatoria en enero de 2025, menos del 41% lo hizo, y pese a que 500 fueron fiscalizadas, no hubo sanciones.
Estos datos nos recuerdan que la inclusión laboral no se agota en una cuota legal: requiere compromiso, ajustes razonables, y condiciones dignas para permanecer y crecer en el trabajo.
Con información de Fundación ConTrabajo – Boletín Estadístico N°5 (2025)
