Por Fernanda Orellana
Santiago – A solo semanas de que finalice el primer mes del año, el sector empresarial chileno acelera sus procesos de reporte ante la Dirección del Trabajo (DT). En este ciclo 2026, la Ley de Inclusión Laboral (21.015) se presenta con desafíos renovados, exigiendo una madurez organizacional que va más allá de la simple contratación de trabajadores con discapacidad. Las instituciones deben ahora acreditar el cumplimiento de criterios asociados a la descentralización del impacto y profesionalización de la gestión interna, fortaleciendo una cultura laboral inclusiva y sostenible.
El hito del 31 de enero
Como cada año, todas las empresas con 100 o más trabajadores tienen hasta el 31 de enero para realizar la Comunicación Electrónica. En este trámite, el empleador debe informar el promedio anual de trabajadores y acreditar el cumplimiento de la cuota del 1%. A nivel operativo, cumplir con la Ley 21.015 implica que las organizaciones deben incorporar directamente al menos un 1% de personas con discapacidad dentro de sus dotaciones.
Para muchas instituciones, esta exigencia continúa presentando desafíos estructurales, ya sea por la falta de perfiles disponibles, barreras arquitectónicas, procesos de reclutamiento no adaptados o brechas en accesibilidad digital.
En ese sentido, la normativa contempla una medida subsidiaria (Artículo 6°) que permite canalizar la obligación a través de donaciones hacia programas aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Este mecanismo ha sido clave para asegurar que la inversión privada siga contribuyendo a la inclusión, incluso cuando la incorporación directa no es posible.
Nuevas reglas: Descentralización y Gestores certificados
El ciclo de reporte 2026 subraya un cambio de enfoque: la inclusión ya no es solo una cuota a cumplir, sino una gestión estratégica. En este sentido, la figura del Gestor de Inclusión Laboral certificado emerge como el pilar fundamental del proceso.
La plena vigencia de su acreditación, sumada a la obligatoriedad de la descentralización de las medidas subsidiarias, exige que las empresas aborden el reporte del 31 de enero con una visión integral. Es el momento de que la profesionalización interna se traduzca en cumplimiento riguroso, asegurando una cultura inclusiva que trascienda la formalidad y se sostenga en el tiempo.
