Casi la mitad de las organizaciones obligadas ha avanzado en la contratación de personas con discapacidad, aunque persisten desafíos en inclusión efectiva y sostenibilidad laboral.
La cifra marca un avance significativo desde la entrada en vigencia de la ley, pero también evidencia que más de la mitad de las organizaciones aún no alcanza el estándar exigido.
La normativa establece que las empresas con 100 o más trabajadores deben destinar al menos el 1% de su dotación a personas con discapacidad o beneficiarias de pensión de invalidez. A siete años de su implementación, el balance muestra progresos sostenidos, aunque con brechas relevantes en distintos sectores productivos.
Parte importante del cumplimiento se realiza mediante medidas alternativas, como la contratación de servicios a empresas inclusivas o donaciones a fundaciones vinculadas a la discapacidad. Si bien estas opciones están permitidas por la ley, según Carolina Soto, Terapeuta Ocupacional y Especialista en DEI de Expo Inclusión, advierte que deben utilizarse como excepción y no como regla general.
La supervisión del cumplimiento corresponde al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y a la Dirección del Trabajo, organismos que han reforzado el llamado a las empresas a reportar de forma oportuna y transparente su situación anual.
Expertos en gestión de personas coinciden en que el desafío no se limita a aumentar el porcentaje de cumplimiento, sino a generar empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad en el tiempo.
El escenario actual plantea un doble desafío: ampliar el número de empresas que cumplen la normativa y profundizar en prácticas que promuevan una inclusión efectiva. La consolidación de políticas internas, capacitación de equipos y liderazgo comprometido serán claves para avanzar hacia entornos laborales más equitativos y diversos.
Fuente: cualestuhuella.cl
