En un contexto de cambios normativos recientes, las empresas en Chile con 100 o más trabajadores deben presentar este mes sus informes anuales de cumplimiento de las Leyes de Inclusión Laboral ante la Dirección del Trabajo. Este proceso es clave para evaluar los avances en la integración de personas con discapacidad al mercado laboral formal.
La Ley N°21.690, promulgada en agosto de 2024, introdujo modificaciones significativas al marco legal. Entre ellas, destaca el aumento gradual de la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad del 1% al 2%, que entrará en vigencia una vez que el 80% de las empresas cumpla con la cuota actual.
Según María José Madariaga, directora ejecutiva de Fundación Ronda, este proceso refleja un paso fundamental hacia una mayor diversidad y equidad en las organizaciones. “Incorporar personas con discapacidad no solo enriquece la cultura empresarial, sino que también impulsa la innovación y la competitividad. La diversidad es una ventaja estratégica en un mercado en constante cambio”, señaló.
La nueva normativa no solo eleva el porcentaje de contratación, sino que también exige adaptar los procesos de reclutamiento, selección y condiciones laborales para garantizar una verdadera inclusión. Además, las sanciones por incumplimiento se han endurecido, reforzando el compromiso de las empresas.
Para aquellas organizaciones que no puedan cumplir directamente con la cuota, se mantienen medidas alternativas, como realizar donaciones a programas de inclusión laboral o contratar servicios con empresas que empleen a personas con discapacidad.
Madariaga también destacó los desafíos que aún persisten: “Es necesario cerrar la brecha educativa y fomentar culturas organizacionales donde la inclusión sea un valor esencial. Desde Fundación Ronda apoyamos a las empresas en esta transformación para asegurar que sus esfuerzos tengan un impacto real”.
El reporte de este año, que se extiende durante enero, permitirá actualizar el panorama de la inclusión laboral en Chile y evaluar los avances logrados desde la implementación de la ley. Estos datos serán esenciales para el diseño de políticas y acciones futuras que promuevan una sociedad más inclusiva y equitativa.
