Tras el cierre del ciclo de reportabilidad ante la Dirección del Trabajo (DT) en enero, el sector empresarial chileno ha iniciado un despliegue de colaboración técnica con organizaciones de la sociedad civil. Esta articulación, liderada por gremios como la SOFOFA (a través de su Red de Empresas Inclusivas, REIN) y la CPC, busca resolver la brecha entre las vacantes disponibles y el reclutamiento de perfiles técnicos y profesionales con discapacidad.
El foco de este año no es solo la contratación, sino la intermediación laboral profesionalizada. Según los lineamientos del Ministerio del Trabajo y los perfiles validados por ChileValora, se está potenciando la figura del Preparador Laboral. Este rol técnico permite que las fundaciones (como Tacal, Descúbreme o Mis Talentos, entre otras) actúen como un soporte externo para las empresas, realizando el análisis de puesto de trabajo y asegurando que los ajustes razonables se implementen de manera efectiva desde la inducción.
Esta colaboración responde a la presión fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. De acuerdo con el Dictamen ORD. N°10/2026, las empresas que declaren “razones fundadas” para no cumplir con la cuota del 1% deben demostrar gestiones de reclutamiento proactivas. En este contexto, los convenios con fundaciones especializadas se han convertido en la prueba documental principal para acreditar que la organización agotó las instancias de búsqueda antes de optar por medidas subsidiarias como la donación.
Para el inicio del año laboral en marzo, los esfuerzos se están centrando en:
Esta red de trabajo conjunto entre el mundo privado y las instituciones especialistas es, hoy, el mecanismo más sólido para que la inclusión deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una gestión de talento sostenible en el tiempo.
