Las mujeres con discapacidad en Chile enfrentan una severa “doble brecha” que multiplica su exclusión tanto en el ámbito laboral como social, una problemática frecuentemente ignorada en el debate público y en el diseño de las políticas de género. Así lo advirtió Andrea Zondek, fundadora y presidenta de Fundación Tacal, quien evidenció que, aunque la discapacidad en el país tiene un rostro mayoritariamente femenino, estas mujeres sufren mayores barreras estructurales que los hombres en su misma condición.
En Chile, más de 2,7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 17,6% de la población adulta. De esta cifra, el 21,9% corresponde a mujeres y el 13,1% a hombres. Pese a ser la mayoría dentro de este grupo demográfico, las normativas estatales rara vez abordan la intersección conjunta entre género y discapacidad.
Esta profunda desigualdad se refleja drásticamente en el mercado laboral: en la actualidad, solo el 36% de las mujeres con discapacidad participa del empleo formal, frente al 45% de los hombres con discapacidad. Esta desventaja económica y profesional se agrava debido a los fuertes prejuicios familiares y sociales, que a menudo las catalogan como dependientes, frágiles o incapaces. En lugar de incentivar su desarrollo profesional fuera del hogar, muchas son relegadas exclusivamente a roles domésticos tradicionales, asumiendo tareas de limpieza y cuidado de familiares.
En el ámbito de la educación superior, el escenario es igualmente crítico y determinante para su futuro. De los millones de adultos con discapacidad en el país, apenas 12.479 se encuentran estudiando actualmente, lo que equivale a menos de 1 por cada 200 personas. En claro contraste, en la población sin discapacidad, 1 de cada 10 individuos logra acceder a la universidad.
A nivel internacional, el patrón de exclusión se repite. Organismos como las Naciones Unidas y la CEPAL han advertido que la combinación de género y discapacidad incrementa significativamente el riesgo de vivir en la pobreza, fomenta la dependencia de la informalidad laboral y eleva de manera alarmante la exposición a la violencia de género.
En el plano cultural, las mujeres con discapacidad han sido históricamente infantilizadas, sobreprotegidas e invisibilizadas, cuestionándose constantemente su autonomía, su derecho a la maternidad, su sexualidad y su capacidad de liderazgo.
Por ello, los especialistas enfatizan que aplicar un enfoque de género real en la discapacidad es una obligación ética y una condición clave para el desarrollo del país. Para construir una sociedad verdaderamente equitativa se requieren políticas de empleo con apoyos efectivos, sistemas de cuidado compartidos e incorporar a las mujeres con discapacidad en los espacios de toma de decisiones; dejando de verlas como beneficiarias pasivas para reconocerlas como protagonistas capaces de liderar, innovar y transformar sus entornos.
Con información de: alertanoticiastemuco.cl