El pasado jueves se dio inicio a la campaña “Conversemos Discapacidad y Sexualidad”, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y la Universidad de Chile, que busca promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo presente al Estado de Chile su preocupación por la escasez de información sobre salud sexual y reproductiva accesible para personas con discapacidad, particularmente para mujeres y niñas. Así nace este proyecto financiado por Senadis y ejecutado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, una campaña que será parte del reporte de cumplimiento que presentará el Estado de Chile a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a fines de 2023.
La iniciativa difundirá infografías inclusivas generadas de forma participativa y con criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad. Además, serán divulgadas en otras plataformas como medios masivos de comunicación y espacios comunitarios e institucionales. El material también podrá ser descargado a través del sitio web de Senadis (www.senadis.gob.cl).
“Queremos recibir mejor educación sexual” y “Queremos más respeto y vivir mejor nuestra maternidad y paternidad” son algunos de los lemas que se transmitirán a lo largo de esta campaña, mediante afiches en redes sociales y cápsulas audiovisuales animadas con lengua de señas. La iniciativa será parte del reporte de cumplimiento que presentará el Estado de Chile a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a fines de 2023.
En la actividad dialogaron los especialistas Richard Quinteros, representante de la Agrupación Líderes con Mil Capacidades; Andrea Von Hoveling, médica ginecóloga, subespecialista en ginecología pediátrica y de la adolescencia; Vanessa Latorre, terapeuta ocupacional del Programa de Rehabilitación con Base Comunitaria de la Municipalidad de Peñalolén; y la abogada jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del Senadis, María Pilar Iturrieta.