Casi 2 millones de chilenas y chilenos viven con condiciones permanentes de discapacidad mental. El Hogar de Cristo lanzó un estudio denominado “Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad”.
Se trata de un tema que se ha dicho es prioritario para el Gobierno y que, sin embargo, cuenta con un presupuesto del 2,2% del total destinado a salud mental, menos de la mitad del mínimo (5%) que, en 2010, recomendó la OMS para el país.
El estudio señala a la discapacidad mental como factor de exclusión social en Chile. Diversos factores adversos son reforzados por el efecto que ejercen los contextos socioeconómicos desfavorables, marcados por la pobreza o la vulnerabilidad.
La pobreza impide a las personas con discapacidad mental el despliegue de todo su potencial humano, con consecuencias negativas en su autonomía, cumplimiento de anhelos, autoestima, y bienestar en general en el largo plazo.
La discapacidad mental está definida en la Ley 20.422 de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad mental. “Se habla de aquellas personas que presentan una discapacidad asociada a temas cognitivos o intelectuales y/o temas psicosociales o psiquiátricos. Como es amplia la definición, la discapacidad como concepto no está determinada por el diagnóstico de las personas, sino por las barreras que tienen para incluirse socialmente. Por eso se utiliza en algunas legislaciones este concepto amplio que habla de salud mental e incluye a todas las personas que presentan alguna discapacidad asociada a estas causas”, explica la jefa técnica nacional de la línea Discapacidad Mental del Hogar de Cristo, María Isabel Robles.
-¿Cuáles son esas barreras indicativas de discapacidad?
-Por ejemplo estar, desde la primera infancia, en el sistema regular de educación, tener acceso a inclusión laboral para habilitación y rehabilitación, poder acceder a algún tipo de tratamiento para recuperación intelectual. Una persona no tiene discapacidad mental porque tiene esquizofrenia, depresión, TEA o síndrome de down, tiene discapacidad por la dificultad para ser parte de la sociedad.
Como no hay un indicador formal que mida la discapacidad mental en Chile –situación que contribuye a hacer invisible su situación y dificulta realizar diagnósticos adecuados para el diseño de las políticas públicas atingentes a sus necesidades–, el estudio caracterizó a la población a partir del último Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II), y de la versión 2017 de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
Con estos datos, es posible identificar a 1.955.156 personas con condiciones permanentes o de larga duración con discapacidad mental. De ellas, 390.938 están asociadas a alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, y 155.786 presentan simultáneamente discapacidad. De las 155.786 personas con discapacidad mental, el 43,7% son hombres y el 56,3% mujeres, mayor proporción femenina que puede explicarse por su concentración en la tercera edad (el 48,9% de las personas con discapacidad mental tiene 59 y más años), la que a su vez suele concentrar una mayor proporción de mujeres que de hombres.
Sobre la educación, se encontró que el 35,4% de las personas con discapacidad mental no sabe leer ni escribir, mientras que solo el 3,3% de las personas sin discapacidad mental presenta analfabetismo. Los años de escolaridad promedio para las personas con discapacidad mental alcanzan los 5,5 años, en contraste con los 11,2 años para las personas sin situación de discapacidad. El 91,6% de los niños y niñas (6 a 13 años) sin discapacidad mental asiste a enseñanza básica regular, el 40,4% de los niños y niñas con discapacidad mental asiste a educación básica regular, con el 45,9% cursando educación diferencial, todos datos de la CASEN 2017.
Otras cifras arrojan que solo el 8,1% de las personas con discapacidad mental tiene trabajo, obteniendo un promedio de $398.878 en contraste con los $517.649 en promedio que reciben las personas sin discapacidad.
