El 24 de agosto de 2024 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.690, que actualiza la legislación de inclusión laboral en Chile. Su objetivo principal es ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad y beneficiarios de pensión de invalidez, impactando tanto al sector privado como al público.
Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contar con al menos un 2% de personas con discapacidad. Este cambio se activará cuando el 80% de las empresas cumpla la cuota anterior. Un paso concreto hacia la inclusión efectiva en el mundo laboral.
Las sanciones se aplicarán mensualmente y por trabajador faltante, con montos que varían según el tamaño de la empresa, alcanzando hasta 60 UTM en compañías con 200 o más trabajadores. Esto busca asegurar el cumplimiento real de la ley.
Las empresas que no puedan cumplir la cuota pueden realizar aportes económicos, pero no más del 50% del monto puede ir a una sola organización, y al menos un beneficiario debe estar fuera de la Región Metropolitana. Así se garantiza un reparto más justo de los recursos.
Todas las empresas deberán implementar protocolos inclusivos alineados con la Ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades, entregándolos a sus trabajadores de manera anual.
Se elimina la barrera de la educación especial: las personas con discapacidad que completaron estudios en escuelas especiales ahora son equivalentes a la educación media regular para efectos de contratación en instituciones públicas y municipales. Además, la Contraloría fiscalizará el cumplimiento de esta normativa.
Esta actualización legal representa un avance concreto hacia una inclusión laboral más justa y efectiva, beneficiando tanto a trabajadores como a empresas comprometidas con la diversidad.
(Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, Ley N° 21.690, 24/08/2024; Ley N° 21.015; Ley N° 20.422)
