El 1 de noviembre entra en vigencia la ley 21.275, que modificará el Código del Trabajo en materia de inclusión laboral de trabajadores con discapacidad y que obliga a las empresas que tengan más de 100 empleados a contar, entre otras cosas, con un gestor de inclusión dentro de sus equipos.
Entre los requerimientos para las compañías están la creación de protocolos, políticas y ajustes que permitan incluir en igualdad de oportunidades a personas con discapacidad, además de la obligación de contar con un gestor de inclusión laboral certificado como parte del equipo de recursos humanos. Este funcionario tiene como labor desarrollar instancias para promover la inserción de las personas con discapacidad dentro de las empresas.
El Director del Trabajo, Pablo Zenteno, relevó los avances asociados a la anterior ley de inclusión laboral, y mencionó que se inserta en la necesidad de “avanzar hacia la garantía del trabajo decente, es decir, un trabajo con derechos fundamentales, con oportunidades laborales, con diálogo social y seguridad social, lo que va a permitir -en la lógica de derechos humanos- ir avanzando con progresividad”.
