El pasado 15 de enero de 2026, el Gobierno de Chile procedió a la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida), tras su despacho final en el Congreso. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, esta normativa busca reconocer el cuidado como un derecho humano y una función social, desvinculándola de la exclusividad del ámbito privado y familiar.
La ley establece un marco institucional donde el Estado asume la corresponsabilidad en el cuidado de personas con discapacidad con dependencia severa o moderada. De acuerdo con el texto legal, el sistema se implementará a través de una red local que incluye asistentes domiciliarios remunerados y el fortalecimiento de los Centros Comunitarios de Cuidados. Para las personas con discapacidad, el avance es doctrinario: la ley incorpora el concepto de “Vida Independiente”, permitiendo que los apoyos no sean solo asistenciales, sino herramientas para la participación social y laboral.
Una de las fuentes clave en este proceso, la Asociación de Cuidadores de Chile, valoró que el cuerpo legal incluya la creación de un Registro Nacional de Cuidadores que otorgará acceso preferente a programas de salud mental y cotizaciones previsionales financiadas por el Estado. No obstante, el desafío presupuestario es el punto crítico que el periodismo de investigación sigue de cerca. Según el informe financiero de la Dipres, para 2026 se espera que el sistema alcance una cobertura del 20% de la población objetivo, con un despliegue total proyectado hacia 2030.
La implementación comenzará este mes con la capacitación de 5.000 nuevos “gestores de cuidados” a nivel municipal. Expertos en políticas públicas de la Universidad de Chile advierten que la fiscalización ciudadana será vital para asegurar que los recursos lleguen a las comunas rurales, donde la oferta de servicios suele ser nula. Con esta ley, Chile se alinea con las recomendaciones de la ONU, transformando la discapacidad de un asunto de “caridad” a uno de derechos exigibles y garantizados por ley.
