Este 10 de marzo se cumplen tres años desde la publicación de la Ley 21.545 de Autismo, normativa que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas dentro del espectro autista en el país. La ley fue publicada en 2023 y estableció un marco legal para avanzar en igualdad de oportunidades en ámbitos como salud, educación y participación social.
De acuerdo con información del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), la normativa busca garantizar derechos y reducir las barreras que enfrentan las personas autistas, impulsando políticas públicas orientadas a la inclusión y al reconocimiento de la neurodiversidad.
A tres años de su entrada en vigencia, distintos análisis destacan avances en áreas clave. En el sistema público de salud, por ejemplo, se han implementado salas especializadas y se han financiado más de 250 nuevos cargos profesionales destinados a fortalecer la atención de personas dentro del espectro autista.
En el ámbito educativo también se observan progresos. Actualmente, cerca del 89% de los establecimientos educacionales cuenta con Planes de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), herramientas destinadas a apoyar a estudiantes en el espectro autista dentro de las comunidades escolares. Además, se han destinado recursos para la implementación de espacios de regulación emocional conocidos como “salas de calma”.
La normativa también considera medidas de apoyo para cuidadores. En ese contexto, miles de trabajadores se han registrado para hacer uso del permiso laboral que permite acudir a emergencias relacionadas con niños, niñas y adolescentes autistas en establecimientos educacionales bajo su cuidado.
Pese a estos avances, especialistas y organizaciones coinciden en que aún existen desafíos para consolidar la implementación de la ley, especialmente en materia de acceso a especialistas, cobertura territorial y financiamiento de apoyos.
Uno de los principales desafíos identificados es la falta de profesionales especializados en áreas como psiquiatría y neurología, lo que dificulta el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos. A esto se suma la desigualdad territorial en el acceso a servicios, especialmente en zonas extremas o insulares del país, donde la disponibilidad de especialistas y programas de apoyo es más limitada.
A tres años de su promulgación, la Ley de Autismo es considerada un avance importante en el reconocimiento de derechos de las personas dentro del espectro. Sin embargo, expertos coinciden en que el desafío ahora es fortalecer su implementación y asegurar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a todo el territorio.
Para organizaciones y actores del ecosistema de inclusión, la normativa representa un punto de partida que debe seguir desarrollándose para garantizar que las personas autistas y sus familias cuenten con los apoyos necesarios para participar plenamente en la sociedad.
