La Sala de la Cámara respaldó -por 127 votos a favor y 1 abstención- el informe de comisión mixta del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Con ello, el texto queda listo para su promulgación.
El proyecto tiene como objetivo reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como privado aumentando así, el 1% actual a un 2% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez para ser contratadas por las empresas y formar parte de la dotación anual. Tanto en unidades laborales con más de 100 trabajadores como su incorporación en instituciones públicas.
Bajo esta actualización de la ley, la Dirección del Trabajo mantendrá un registro público sobre inclusión laboral y contará con mayor personal para fiscalizar. Mientras, la Dirección Nacional del Servicio Civil informará anualmente sobre el cumplimiento de la normativa legal por parte de las instituciones públicas. En especial, en materia de la selección preferente y la reserva de contratación de personas con discapacidad o con pensión de invalidez.
También se fijan sanciones y multas por la infracción a las normas sobre inclusión laboral y se establece una regla por incumplimiento o cumplimiento parcial a la obligación subsidiaria a través de donaciones en dinero.
Las donaciones se dirigirán a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones y que tengan como objeto social la inclusión e intermediación laboral, capacitación y rehabilitación. A su vez, que promocionen y fomenten la creación de empleos, contratación o inserción laboral.
Se considera que una vez entrada en vigencia la obligación del 2%, sólo se podrán efectuar donaciones por hasta el 1% de los trabajadores. Además, el texto amplía el objeto de personas jurídicas y los proyectos a ser financiados.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, valoró el amplio acuerdo por avanzar en las necesidades de las personas. Agregó que se perfeccionará la regulación de las medidas subsidiarias (donaciones) para favorecer la obligación principal que es la contratación de personas con discapacidad. Finalmente, se introducirán criterios de descentralización para destinar recursos a proyectos de otras regiones y no sólo a la capital.
