Tras el cierre del proceso de comunicación electrónica el pasado 31 de enero, la Dirección del Trabajo (DT) ha desplegado su Programa Nacional de Fiscalización para el cumplimiento de la Ley 21.015. A diferencia de años anteriores, donde el foco principal era la declaración administrativa, este ciclo 2026 se caracteriza por inspecciones aleatorias presenciales y digitales destinadas a verificar la vigencia de los contratos y la implementación efectiva de ajustes razonables en los puestos de trabajo.
Fuentes institucionales confirman que el cruce de datos entre el Administrador del Fondo de Cesantía (AFC), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la plataforma de trámites de la DT permitirá identificar, en tiempo real, brechas entre el número de trabajadores reportados y las cotizaciones previsionales efectivamente pagadas. El objetivo es detectar la “inclusión de papel” o contrataciones que no mantienen continuidad operativa.
Uno de los puntos críticos de esta ofensiva es la verificación del rol del Gestor de Inclusión Laboral. Los inspectores tienen la instrucción de validar que las empresas con 100 o más trabajadores no solo cuenten con un profesional certificado por ChileValora en sus áreas de Recursos Humanos, sino que este participe activamente en el diseño de las políticas de diversidad de la organización.
Asimismo, la fiscalización pondrá énfasis en los ajustes razonables. Según la normativa vigente, el cumplimiento del 1% de la cuota debe ir acompañado de las modificaciones necesarias (físicas, digitales o de jornada) que permitan al colaborador desempeñar sus funciones con autonomía. La ausencia de estos ajustes puede ser considerada como una vulneración a los derechos fundamentales y derivar en multas que superan las 60 UTM por cada infracción detectada.
Para las empresas que optaron por Medidas Subsidiarias (donaciones a proyectos de fundaciones o ejecución de contratos de prestación de servicios con empresas que emplean PcD), la DT exige la presentación de los certificados de recepción de donaciones y la acreditación de la “razón fundada” que impidió la contratación directa, según lo estipulado en el Decreto N° 64 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La autoridad ha señalado que la dificultad para reclutar talento no constituye una justificación suficiente si no se registra evidencia de una gestión de vacantes a través de canales institucionales. Por ello, el procedimiento de fiscalización contempla la revisión de las carpetas de inclusión para verificar que la documentación de respaldo sea coherente con lo declarado en la comunicación electrónica de enero.
El calendario de inspecciones se mantendrá activo durante todo el primer semestre, con especial atención en sectores como el retail, la minería y los servicios, que de acuerdo con los registros administrativos, concentran el mayor volumen de contrataciones bajo la Ley 21.015.
