El pasado 24 de agosto se promulgó la Ley N° 21.690, una nueva normativa que marca un hito en materia de inclusión laboral en Chile. Su objetivo principal es ampliar y fortalecer las oportunidades laborales para personas con discapacidad y quienes reciben pensión de invalidez, introduciendo modificaciones clave tanto para el sector público como privado.
🔸 Aumento de la cuota obligatoria: El porcentaje mínimo de contratación para empresas con 100 o más trabajadores subirá del 1% al 2%. Esta alza se implementará solo cuando el 80% de las organizaciones cumpla con el requisito actual, previa verificación del Ministerio de Desarrollo Social.
🔸 Nuevo régimen de fiscalización y sanciones: Las multas ya no serán únicas ni planas. Ahora se aplicarán mensualmente por cada trabajador que debió ser contratado, haciendo más estricta la supervisión por parte de la Dirección del Trabajo.
🔸 Modificaciones al sistema de donaciones: Las empresas que no puedan cumplir la cuota por causas fundadas deberán diversificar sus aportes, entregando donaciones a al menos dos organizaciones, una de ellas ubicada fuera de la Región Metropolitana. Esto busca descentralizar y redistribuir los fondos de forma más equitativa.
🔸 Protocolos de ambientes laborales inclusivos: Todas las empresas estarán obligadas a implementar y socializar un protocolo anual que promueva el respeto, la igualdad y la inclusión, conforme a la Ley N° 20.422.
🔸 Cambios en el sector público: Se elimina la barrera educativa para personas con discapacidad que hayan cursado enseñanza media en escuelas especiales, permitiéndoles acceder a cargos en instituciones públicas. Además, la Contraloría tomará un rol más activo en la fiscalización del cumplimiento de esta normativa.
La mayoría de las disposiciones ya están vigentes desde la publicación de la ley. Sin embargo:
