Unas 450 instituciones a lo largo del país serán capacitadas, como parte del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el cual financia el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y lleva a cabo AVANZA Inclusión.
La idea es que, tanto instituciones públicas como privadas, que deban cumplir con la Ley N° 21.015. Es decir, que cuenten con 100 o más trabajadores en su dotación, puedan capacitarse en cuanto a estrategias de inclusión laboral de personas con discapacidad.
El objetivo es “capacitar a equipos de recursos humanos de organizaciones públicas y privadas sujetas al cumplimiento de la Ley Nº 21.015, en temas asociados a procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad”. Así lo explica Cristopher Ramírez, coordinador de fondos concursables de AVANZA Inclusión y encargado del programa.
Agrega que los principales tópicos en la capacitación «van desde la diversidad desde un enfoque de derechos, convocatoria y selección, evaluación de puestos de trabajo y ajustes razonables y hasta la prevención inclusiva de riesgos laborales”.
A dos años desde que entró en vigencia la Ley Nº 21.015, y de acuerdo a datos de la Subsecretaría del Trabajo al 29 de febrero, el 92% de las empresas ha cumplido con la normativa. Sin embargo, sólo fueron contratadas 19.303 personas con discapacidad. Una cifra que dista de las 27.500 que, de acuerdo a la ley, deberían haber sido contratadas.
Cifra aún más preocupante es que, del total de personas con discapacidad contratadas, sólo el 35,31% son mujeres. “Si bien, se ha avanzado en términos normativos, se requiere avanzar con urgencia en fomentar la inclusión laboral de mujeres con discapacidad al mundo laboral. Resulta evidente la brecha en participación laboral y la desigualdad de género que existe”, señala Ramírez. Para ambos casos en los que se pueda
Por su parte, la directora nacional de SENADIS, María Ximena Rivas, asegura que “este programa de capacitación permite avanzar en un cambio cultural organizacional a favor de las personas con discapacidad del país. Permite comprender la necesidad de eliminar prejuicios asociados a la discapacidad, como creer que existen ciertos cargos específicos para ciertas personas con discapacidad, cuando en realidad pueden realizar cualquier tarea con los ajustes necesarios y la formación adecuada”.
“Las empresas y organismos públicos deben entender y aprender que la inclusión de las personas con discapacidad es un beneficio para todos. Tanto para la empresa como para la persona contratada, así como también para sus demás trabajadores”, agregó la autoridad.
El programa formativo tiene una duración de 16 horas cronológicas. De ellas, 10 corresponden a horas teóricas y seis de tutorías. La totalidad de la capacitación se realizará de manera virtual.
1. Tener una dotación mínima de 100 trabajadores/as.
2. Completar el formulario de postulación.
3. Disponibilidad para participar en las capacitaciones.
Fuente: La Cuarta
