Por: Carla Bartolucci – Socia fundadora de Inclusiva Consultores Académica Escuela de Terapia Ocupacional, Universidad de los Andes
¿Qué pasa con un estudiante en situación de discapacidad que logra llegar a la educación superior? Accedió a esta por “mérito” o por derecho ? Cómo medimos el mérito, cuando la línea de partida es igual para todos, pero unos llegaron corriendo por una pista con piso deportivo especial y zapatillas de carrera, y otros por una pista de piedras, barro y en una silla de ruedas. Con qué capital social y herramientas llega uno versus el otro?
De acuerdo al concepto de meritocracia (definida como la asociación entre talento y esfuerzo, Young 1964), si este estudiante en situación de discapacidad se esfuerza lo suficiente, independiente de su origen, situación socioeconómica, capacidades físicas o intelectuales, puede acceder al mismo lugar que otro estudiante sin discapacidad. Entonces, es el mérito un concepto basado en la justicia y el derecho? O es paradójico pensar en equiparación de oportunidades entre estudiantes, cuando a algunos se asocia la presencia de una deficiencia, sumado a barreras en el entorno?. Cuánto más debe esforzarse el estudiante en situación de discapacidad para alcanzar el mismo nivel que otro sin discapacidad?
La ley de inclusión laboral ha evidenciado una problemática social relevante y profunda existente en países con índices de desigualdad como el nuestro. Uno de los desafíos que ha surgido a raíz de la ley, es la existencia de un porcentaje de empresas que buscan contratación de técnicos y profesionales en situación de discapacidad (ya que por su tipo de negocio no cuentan con cargos de baja calificación) y no encuentran candidatos con la capacitación requerida para esos puestos de trabajo. Lo anterior, presenta un tremendo desafio para la educación, ya sin inclusión educativa no podemos pensar en inclusión laboral.
En el mundo universitario, somos testigos de la inminente necesidad de que los centros de educación superior realicen una revisión de sus procesos internos, desde los docentes, administrativos y personal de operaciones, para facilitar la incorporación, mantención y egreso de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), que tiende a mirarse bajo una perspectiva reduccionista, pensando que el estudiante va ala casa de estudios sólo a asistir a clases y no comprendiendo que el rol de estudiante aborda muchos más aspectos de la vida de una persona, como las actividades de la vida diaria (el estudiante, además de estar en una sala, debe ir al baño, alimentarse y movilizarse al interior del espacio) y la participación social.
Si los centros de educación superior desarrollaran programas integrales de inclusión, facilitando el desempeño de sus estudiantes con NEE, realizando las adecuaciones curriculares no significativas, muchas originadas no por su deficiencia sino por los factores contextuales que lo rodearon durante su vida, estarán preparando no sólo a un profesional, sino a un futuro trabajador que podrá incorporarse a una empresa, posiblemente bajo el marco de la ley de inclusión laboral.
