La inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado chileno muestra preocupantes niveles de estancamiento. De acuerdo con el Informe de Cumplimiento 2024 de la Ley N° 21.015, elaborado por el Servicio Civil y Senadis, apenas el 25,2% de las instituciones públicas obligadas cumple con la cuota legal del 1% de contratación.
El documento, analizó un universo de 643 organismos entre municipalidades, entidades de la Administración Central y entes autónomos, revela una importante brecha: un 39,7% de las instituciones no cumple con la normativa pese a tener la obligación legal. Además, un 20,5% no entregó información suficiente para ser evaluada, lo que demuestra un problema crítico en la gestión y transparencia de los datos.
Las barreras comienzan mucho antes de la firma del contrato. Durante el año 2024, se registraron más de 1,8 millones de postulaciones a empleos públicos, de las cuales solo 10.765 correspondieron a personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, representando un marginal 0,58% del total. De ese grupo, apenas 109 personas lograron ser contratadas.
Accesibilidad y selección preferente al debe
El mecanismo de “selección preferente”, diseñado para priorizar a postulantes con discapacidad en igualdad de mérito, fue aplicado por tan solo un 6,6% de las instituciones. Esta cifra se explica, en gran medida, por las profundas falencias de accesibilidad. El informe advierte que únicamente un 32% de los organismos declaró contar con procedimientos para identificar necesidades de apoyo o ajustes razonables en sus procesos de selección. El entorno digital es aún más excluyente: apenas un 6,1% de las instituciones cuenta con sitios web de postulación que cumplen con estándares internacionales de accesibilidad universal.
Un problema estructural sin fiscalización directa
Uno de los nudos críticos expuestos es la falta de herramientas de control. Ni el Servicio Civil ni Senadis poseen facultades fiscalizadoras sobre los datos que reportan los demás organismos, por lo que la responsabilidad de cumplir la ley recae exclusivamente en cada jefatura de servicio. Para que el empleo público sea verdaderamente equitativo, el Estado enfrenta el desafío urgente de derribar sus propias barreras estructurales, mejorar sus sistemas de accesibilidad y garantizar que la inclusión no dependa solo de la voluntad, sino de un cumplimiento normativo real.
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