Por: Fernanda Orellana
El webinar organizado por Inclusión Activa y moderado por su fundador, Felipe Bottetano, abordó las dudas sobre la implementación de la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Durante el encuentro, se enfatizó una regla fundamental para el mundo corporativo: el cumplimiento de la cuota del 1% de personas con discapacidad es estrictamente individual por cada razón social (RUT), invalidando la posibilidad de compensar excedentes de trabajadores entre distintas empresas de un mismo holding.
Ante la consulta recurrente de grupos empresariales sobre si es posible promediar la dotación de inclusión entre sus filiales, la respuesta técnica fue tajante. Cada entidad legal que cuente con 100 o más trabajadores está afecta a la ley de manera independiente. Esto implica que no basta con una gestión a nivel corporativo centralizado, sino que cada RUT debe ejecutar su propio proceso de comunicación, diagnóstico y capacitación.
“Cada razón social debe tener su propio gestor de inclusión y respaldar sus procesos de forma autónoma para efectos de fiscalización. El cumplimiento es por RUT”, se destacó durante la sesión.
Para las empresas que operan bajo estructuras de holding, el desafío es asegurar que cada unidad cumpla con los mismos estándares en forma, fondo y periodos de tiempo. Las obligaciones incluyen:
Este webinar forma parte de los esfuerzos de Inclusión Activa por clarificar la normativa y acompañar a personas neurodivergentes y con discapacidad en su inserción al mundo laboral. La Ley 21.015 no solo busca una cifra, sino una transformación estructural dentro de cada organización, instando a los grupos económicos a resolver las brechas de cumplimiento de manera integral y transparente.
