Un escenario de fiscalización mucho más estricto enfrentan las empresas chilenas respecto al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral (21.015). Así lo advirtió Felipe Bottetano, durante un webinar realizado por Inclusión Activa, donde alertó sobre el cambio drástico en el cálculo de las multas y la imposibilidad de declarar gestores de inclusión “en proceso” ante la Dirección del Trabajo (DT). Con la fecha límite de reporte fijada para el 31 de enero, el llamado es a evitar la saturación de la plataforma digital y asegurar la conformidad normativa inmediata.
El fin del “tope” en las multas
El cambio más crítico para este año es económico. Bottetano explicó que, hasta 2024, existía un tope máximo de 60 UTM por hito de fiscalización anual, independiente de cuántos meses durará la infracción. Sin embargo, a partir de 2025, la multa cambia su lógica: se aplicará por persona y por mes de incumplimiento.
“La Dirección del Trabajo rebajó el tope a 30 UTM, pero ahora es acumulativo. Si una empresa debe tener dos personas contratadas y no las tiene, la multa será de 30 UTM por cada una, multiplicada por los 12 meses del año. Esto genera un monto exponencialmente mayor al de años anteriores”, detalló Felipe B. Esta medida busca presionar el cumplimiento efectivo del 1% para, eventualmente, alcanzar las condiciones que permitan exigir el 2% de cuota en el futuro.
Gestor de Inclusión: Sin margen de error
Otra duda recurrente aclarada en la sesión fue sobre la certificación del Gestor de Inclusión. A diferencia de procesos anteriores donde se permitía argumentar que la certificación estaba “en trámite”, hoy el sistema de la DT está directamente conectado con el Registro Civil.
Si al ingresar el RUT del gestor este no aparece certificado en el sistema, la plataforma bloqueará la comunicación electrónica. Esto expone a la empresa a un doble incumplimiento: la falta del gestor acreditado y la no realización de la comunicación electrónica anual.
Contexto y Recomendaciones
Aunque la meta país es llegar a un 2% de contratación de personas con discapacidad, Bottetano aclaró que esto solo será obligatorio cuando el 80% de las empresas cumplan con el actual 1%, escenario para el cual faltarían al menos dos años.
