El pasado 15 de marzo de 2026, concluyó el plazo formal para que los organismos del Estado, con especial énfasis en las municipalidades, informaran sobre el cumplimiento de la reserva laboral del 1% para personas con discapacidad (PcD).
El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) ha iniciado una fase de fiscalización intensiva para verificar la veracidad de los datos declarados y la calidad de las contrataciones realizadas durante el último ciclo administrativo.
Históricamente, el sector municipal ha reportado dificultades estructurales para cumplir con la cuota establecida en la Ley 21.015. Factores como la rigidez de las plantas funcionarias y la falta de presupuestos específicos para ajustes razonables han sido las excusas recurrentes. Sin embargo, SENADIS y la Contraloría General de la República han endurecido los criterios: ya no basta con informar la cantidad de contratos, sino que se exige detallar las capacitaciones realizadas y los esfuerzos de reclutamiento inclusivo llevados a cabo en los territorios.
Este proceso es crítico, ya que en muchas comunas rurales de Chile, el municipio es el principal —y a veces único— empleador formal de gran envergadura.
El objetivo de la fiscalización de este año es asegurar que la inclusión deje de ser un tema centralizado en las grandes capitales regionales y permee hasta la administración local más pequeña. Aquellos municipios que presenten indicadores nulos sin razones debidamente fundadas podrían enfrentar observaciones administrativas y la obligación de implementar planes de mejora bajo la supervisión directa del órgano rector de la discapacidad.
Con información de
SENADIS – Registro de Cumplimiento Sector Público
Contraloría General de la República – Fiscalización de Personal
Ley de Inclusión 21.015 – Portal de Transparencia
